Contra ETA, sobre los jueces y el objetivo más deseable

Para comprender el actual ruido de togas en España sobre el llamado proceso de paz, hay que e partir de la raiz general de la política, al menos tal como se concibe en Occidente.

En política, como la más alta expresión de la ética que es, pues como dijo Aristóteles atañe a todas las cosas y atañe a todas las personas, actúan las convicciones, las convenciones y las conveniencias.

Hay gentes que tenemos la convicción de que la división de poderes en un Estado es buena cosa. No se ha inventado nada mejor que perfeccione la primacía del Estado de Derecho frente a la anarquía y, en especial, ante esa variante de la misma que es el sostenimiento o la obtención de privilegios.

Por contra, hay gentes que, afirmando defender tal división, aspiran a formalizar un gobierno de los jueces, abierto o solapado. Algunos, incluso, confunden esa situación, para ellos ideal, llamándola Estado de Derecho, y su empeño por alcanzarla, defensa del mismo.

Hay gentes que apoyamos la convención por la que indistintamente de la procedencia familiar, territorial, social e ideológica de los jueces -que configura sus preferencias políticas particulares- basta con que estos se atengan a los límites de la Ley positiva y al control democrático último establecido por la Constitución. Ello basta para que nadie ose interferir en su independencia, clave de la división de poderes en democracia, sistema de orden político que no contemplaba como posible el tantas veces insuficientemente estudiado Montesquieu. Una independencia, la judicial, que en democracia siempre es personal y expresada sólo a través en los llamados pronunciamientos judiciales.

Otras gentes, mayoritariamente de derechas y no pocas de izquierdas, consideran que, en el uso de su independencia, los jueces están legitimados individual y corporativamente para delimitar, interpretando la Ley positiva a favor de sus particulares preferencias políticas, las capacidades de acción política del Ejecutivo y del Legislador democráticamente electos.

Por último, hay gentes que, por conveniencia, conforme a sus convicciones y a las convenciones que aspiran a implantar o a restaurar, aceptaron servir como jueces bajo las convicciones y las convenciones establecidas en la Constitución de 1978. Unos, ya mayorcitos en aquel año, ya eran jueces, incluso desde antes del desmantelamiento del Estado corporativo que era la esencia del franquismo y, otros, más jovencitos, han ido opositando y escalando en el escalafón en todo este tiempo en conjunción con los anteriormente citados.

En lucha contra la limitación de la libertad que ha pretendido imponer el terror etarra, somos bastantes los que por convicción, convención y conveniencia democrática pensamos que España se merece una oportunidad de futuro.

Sólo habrá futuro viable para España que es y para todos los españoles conservando, desarrollando y fortaleciendo nuestro sistema político democrático, eliminando del sistema de poder en España al poder fáctico que es ETA y todos los factores que favorecen su persistencia. Sólo así se podrá asegurar digna calidad de vida política y personal, estando mejor preparados para afrontar riesgos y amenazas a los que no se atendió debidamente ni desde el Ejecutivo, ni desde el Legislativo ni, por supuesto, desde el Judicial antes del 11 de marzo de 2004.

Por ello, algunos, quizá demasiado pocos entre los españoles, consideramos que ya es hora de terminar políticamente con ETA, no bastando acciones policiales y judiciales que no han logrado tal fin durante más de cuarenta años. La persistencia de ETA ha sido favorecida objetivamente porque esa organización criminal es, subjetivamente bandera a la vez que excusa para muchos. En especial, para quienes, por conveniencia egoista y excluyente, en defensa de intereses familiares, territoriales, sociales e ideológicos, buscan mantener u obtener privilegios que atentan diariamente contra las libertades individuales y las opciones de un futuro mejor para todos los ciudadanos de la Nación española.

Para mayor claridad: considero que, contra ETA, hay que lograr un deseable objetivo político verdaderamente nacional. No se trata de desactivar por desactivar a estos u aquellos jueces que buscan hacer de su magistratura poder fáctico a derecha o... a izquierda, sino desactivar las tendencias centrífugas de fondo presentes en la sociedad española, aquellas en las que se encabalgan, con todo exito, tanto los separatistas como, a pesar de sus proclamas, los separadores, tengan asiento territorial o de otra calidad.

Unas tendencias las que se aprovechan, para más inri, demasiados actores externos, tanto estatales como particulares.

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P.S. Desde la más profunda discrepancia, desde mi personal modo de vivir la españolidad, un abrazo sincero para Santiago Abascal, parlamentario vasco del PP y presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES): los de ETA y sus beneficiarios están más acabados que nunca antes.