España es la nación europea más cercana a África y, por ende, al Islam.
Junto a Portugal y Marruecos, logrado un primer entendimiento con el Reino Unido sobre el Peñón, España controla los accesos y los tráficos del Estrecho de Gibraltar y facilita a los EE.UU., en el marco bilateral y en el marco OTAN, sus operaciones en la Gran Cuenca Mediterránea.
Nuestros vecinos al norte de los Pirineos saben que, aparte de la turística, la inmigración laboral y familiar que más nos interesa es la de los iberoamericanos, aunque pretexten sus quejas en la afluencia de magrebíes y subsaharianos, a los cuales, pese a las proclamas sobre la francofonía, han cerrado ellos las puertas de sus casas.
Hace más de quince años que todos los indicadores prospectivos imaginables señalaban que España tendría que realizar un esfuerzo mayor para el control de sus fronteras inmediatas y de presencia en las áreas de su interés geoestratégico. Muchas cosas se han hecho bien, muchas otras mal o, simplemente, no se han hecho.
No es de recibo que el Ejército del Aire piense en adquirir kits para convertir algunos de sus aviones de transporte en aviones de patrulla marítima en competencia con la Guardia Civil. Tampoco lo es el que las agencias de Hacienda e Interior compitan, a su vez, en la represión de los múltiples contrabandos, teniendo que echar mano de la Armada cuando las operaciones exigan actuar lejos, muy lejos de nuestras costas. En las playas donde arriban las pateras y los cayucos, la coordinación se improvisa las más de las veces, siendo una buena noticia el que, por fin, un general de la Guardia Civil se haga cargo del mando de las operaciones al respecto en las Islas Canarias. Empero, las cuentas de sinrazones podrían llegar a ser infinitas.
No hay mucho tiempo para pensárselo mientras cada quién se tienta la ropa y busca reservarse parcelas de poder relativo. La Unión Europea hará lo que le convenga a las naciones más importantes en su seno. España debe dar ejemplo racionalizando sus estructuras y homegeneizando sus procedimientos. De la seguridad y la defensa de nuestros intereses respondemos nosotros en primera y en última instancia, no nuestros socios y aliados que, en todo, caso toman nota y pasan factura.
La instauración de un Servicio de Guardacostas español, rompiendo con la dinámica de enfrentamientos intercorporativos de las diversas administraciones y agencias con competencias al respecto y realizada conforme a una estrategia de seguridad y defensa integral a cargo del Estado, es una necesidad cada vez más patente.
¿A qué estamos esperando?
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